En los últimos días, la iniciativa del Gobierno de acometer la regulación laboral y fiscal de la actividad que se desarrolla en escuelas, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, ha generado amplia polémica en el mundo del deporte base.
Ante esta situación, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, queremos manifestar que estamos a favor de la regulación laboral y fiscal en el sector, pero siempre teniendo en cuenta que ésta no puede acometerse sin la indispensable regulación profesional que llevamos años reclamando, tal y como ya quedo? reflejado el pasado mes de noviembre en el comunicado publicado en nuestra página web al respecto y que a continuación reproducimos.
Antecedentes
Existe un conflicto abierto dentro del mundo del deporte respecto al estudio por parte de los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación, Cultura y Deporte, sobre la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro.
El Consejo Superior de Deportes, reconociendo la labor extraordinaria de los monitores y también de los clubes del deporte de base con los jóvenes de este país, proclama que su objetivo es garantizar la dignificación de las profesiones deportivas y de los derechos de los trabajadores de este sector frente a posibles irregularidades, al mismo tiempo que reivindica mantener al voluntariado en el funcionamiento del deporte base.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social desea evitar que los entrenadores, monitores, preparadores físicos u otro personal de estos clubes deportivos, que no estén dados de alta en la Seguridad Social, se vean privados de derechos, tanto laborales como de protección social y evitar así su marginación.
Frente a esta problema?tica, se plantea como solucio?n regular cualquier relacio?n laboral mediante un contrato a tiempo parcial, es decir, las personas que perciban remuneracio?n por prestar servicios en el deporte de base, deben tener contrato y cotizar a la Seguridad Social. Para su control, se propone realizar inspecciones laborales a los clubes.
Algunos responsables de las entidades de este subsector deportivo han reaccionado considerando que esta medida va a acabar con el deporte base, que limita la figura del voluntariado, y que los clubes no tienen recursos para mantenerse si se aplica esta regularización. Aparecen también quejas sobre el carácter recaudatorio y electoralista por intentar maquillar las cifras del paro, la invasión de las competencias autonómicas en materia de deporte, la falta de consenso en la propuesta, el impacto negativo del aumento del IVA en el deporte, o la vista gorda de regularización a los clubes profesionales.
Mientras muestran su oposición a esta medida, estos dirigentes son los que están permitiendo todo tipo de intervenciones basadas en una tradición y cultura obsoleta, que bajo el pretexto del amauteurismo y del voluntarismo, esconden la creencia de que no existe relación laboral ni hay que cotizar a la Seguridad Social cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro (“no profesionales”), o cuando los trabajadores perciben cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional a modo de gratificaciones o compensaciones.
Por otra parte, el sector científico y profesional identifica otras problemáticas en este subsector deportivo que van más allá de las irregularidades de la relación laboral de monitores y empleados, como son el desconocimiento sobre el modelo europeo del deporte, la intervención de personas sin cualificación, la enorme economía sumergida, remuneraciones encubiertas, la falta de proteccio?n de los trabajadores, y las informalidades en la utilización del personal voluntario.
Titulares como el siguiente: Miguel Cardenal: “Es urgente regularizar y dignificar a los monitores del deporte base”, encierran un desacierto muy preocupante a la hora de hacer política deportiva. Es triste observar cómo se proponen medidas tan alejadas de la mejora de la calidad y seguridad de los servicios deportivos y de la atención y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Tan ineficaz como elaborar textos normativos para legitimar una pobre e irregular situación actual, en vez de proporcionar un marco legal que mejore el sistema deportivo.
Segu?n datos oficiales del Anuario de Estadísticas Deportivas 2014, la prestación de servicios deportivos incumbe a casi 7 millones de practicantes, de los que más de 3.3 millones realizan deporte competitivo en clubes federados.
Primero: Profesionales competentes y acreditados
En la prestación de un servicio deportivo, lo inexcusable es la cualificación adecuada del personal que interviene, con objeto de garantizar la calidad y seguridad de los practicantes, y una vez garantizada esta competencia profesional, se puede entrar a valorar el resto de cuestiones.
Una persona que dispone de las competencias profesionales puede recibir una remuneración o puede hacerlo de forma altruista. Si recibe remuneración estamos ante un profesional, y si lo hace de forma desinteresada estamos ante un voluntario.
La Organización Colegial de las Profesiones de la Educación Física y del Deporte, entiende que permitir la prestación de servicios deportivos a personas sin la adecuada competencia acreditada (mediante título oficial o certificado de profesionalidad), es una irresponsabilidad y un grave atentado al interés público.
Segundo: Cumplir el resto de requisitos
El personal cualificado (profesional) debe cumplir con su responsabilidad profesional, jurídica, administrativa y tributaria. Por un lado, debería informar al cliente de su competencia acreditada, tener un seguro de responsabilidad civil, cumplir con el código ético, estar colegiado en el ejercicio privado de la profesión, estar actualizado, y en definitiva atender a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Por otro, en caso de ser dependiente, estar sujeto a un contrato y a la correspondiente aportación a la Seguridad Social y tributación a Hacienda, o en el caso de ser trabajador auto?nomo, cumplir con sus obligaciones administrativas y tributarias.
Preocupa la existencia de numerosos casos de irregularidades por parte de personas cualificadas. El registro de profesionales deportivos con titulación de Educación Superior y la colegiación obligatoria serían la solución para garantizar la responsabilidad, independencia y control de todo el colectivo.
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